Ayudas para autónomos y empresas

 

– Moratoria de cotizaciones sociales para empresas y autónomos.

 

Se ofrece la posibilidad de solicitar una moratoria de hasta seis meses, sin interés, en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social cuyo período de devengo, en el caso de las empresas, esté comprendido entre los meses de abril y junio y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, entre mayo y julio de 2020. Además, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio.

 

– Ayudas para el turismo.

 

Se ha aprobado una línea de financiación del ICO de más de 400 millones para las empresas turísticas, con una garantía parcial del 50 % del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Además, para las empresas turísticas (incluidas las de comercio y hotelería vinculadas al sector) se han ampliado las bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos para los contratos de febrero a junio. Asimismo, con el fin de asegurar la liquidez y la viabilidad de las empresas turísticas, se suspende durante un año y sin penalización alguna el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur en sus variantes de I+D+i, Jóvenes Emprendedores e Internacionalización.

 

– Suspensión de pagos energéticos para pymes y autónomos.

 

Se establece un mecanismo para que las pymes y los autónomos suspendan durante el periodo del estado de alarma el pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo.

 

– Aplazamiento y refinanciación de préstamos de Industria.

Se admite el aplazamiento de los reembolsos de las empresas con préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa que hayan visto afectada su actividad por el coronavirus. Además, se podrán refinanciar durante un plazo de dos años y medio.

 

– Facilidades para autónomos que cesen su actividad.

 

Para los autónomos, se flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración de pagos de las cuotas de a la Seguridad Social y la posibilidad de acogerse a *ERTES.

 

– ERTES.

 

Las empresas que se acojan a los ERTES serán exonerados de las cuotas que les corresponda a la Seguridad Social.

*ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo es la adopción por parte de una empresa de una suspensión temporal de la relación laboral con una parte concreta de sus trabajadores. O lo que es lo mismo, despedir a una parte importante de sus trabajadores por un periodo de tiempo.

 

– Paro de los autónomos.

 

Los trabajadores por cuenta propia, siempre que estén dados de alta y al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad. Este paro de los autónomos es para casos de cierre por la declaración del estado de alarma o casos en que la facturación se reduzca un 75 % respecto al promedio del semestre anterior. La cuantía de la prestación será equivalente a un 70 % de su base reguladora (o de la base reguladora mínima cuando no se acredite el periodo de cotización habitualmente exigido). Esta prestación por cese de actividad, de la que también podrán beneficiarse los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por el Régimen de Autónomos, tendrá un tope de un mes, a no ser que el estado de alarma se prolongue más tiempo.

 

– Prestación de la Seguridad Social.

 

Con carácter excepcional y exclusivamente para la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal, los periodos de aislamiento o contagio provocados por el COVID-19 cuentan como accidentes de trabajo. Eso supone que la prestación se calculará tomando como referencia el 75 % de la base reguladora (cotización del mes anterior, sin horas extras) desde el primer día, en vez del 60 % entre el día 4 y el 20 y el 75 % en adelante, como ocurre con la enfermedad común o el accidente no laboral. Podrán beneficiarse de ello tanto los trabajadores por cuenta ajena como los que lo son por cuenta propia.

 

– Pymes y Teletrabajo.

 

Se ha creado una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, además de programas de apoyo a la digitalización y el I+D para las pequeñas empresas, para que estas puedan teletrabajar.

 

– Aplazan 6 meses los impuestos para pymes y autónomos.

 

Desde el punto de vista fiscal, ha dado luz verde a una moratoria en el pago de impuestos para las pymes y los autónomos que inyectará 14.000 millones de euros al sistema productivo. Hacienda permitirá que pymes y autónomos aplacen el pago de impuestos (retenciones del IRPF, cuotas repercutidas del IVA y pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades). El aplazamiento (o moratoria) se concederá por un plazo de seis meses, y no se devengarán intereses de demora durante los tres primeros. También se admite el aplazamiento de los reembolsos de las empresas con préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa que hayan visto afectada su actividad por el coronavirus. Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer el artículo del blog de Bankia sobre las medidas fiscales que se están tomando.

 

– ERTE en Empresas.

 

Con el fin de evitar despidos, el Gobierno ha decidido flexibilizar y facilitar los trámites de autorización de los expedientes para la suspensión de contratos y la reducción temporal de jornada (ERTE) como consecuencia del coronavirus. Entre las medidas aprobadas destaca la exoneración a la empresa de la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión o reducción de jornada. La exoneración será total para las empresas con menos de 50 trabajadores y alcanzará el 75% para las que tienen 50 o más trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

 

– Restricciones al despido.

 

Los trabajadores no podrán ser despedidos por fuerza mayor ni por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción mientras dure el estado de alarma. El Gobierno considera que para hacer frente a esas situaciones en las actuales circunstancias, ya están los ERTE. Sí sigue siendo posible el despido disciplinario y el improcedente.

La clave de esta medida radica en el coste del despido. En caso de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la indemnización es de 20 días de salario por año de trabajo, con un máximo de doce mensualidades. El despido improcedente es más caro: 33 días de salario por año trabajado o 45 días si el contrato fue firmado antes del 21 de febrero de 2012. El despido disciplinario no conlleva indemnización.

 

– Permiso retribuido recuperable.

 

Los trabajadores por cuenta ajena que, como consecuencia de la ampliación de las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno, no pueden desplazarse a sus puestos de trabajo ni están en condiciones de teletrabajar durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril, disfrutarán de un permiso retribuido y recuperable. Eso significa que continuarán percibiendo su salario en condiciones normales, pero deberán recuperar las horas perdidas, previa negociación con sus empresarios, antes del 31 de diciembre de 2020.

Los trabajadores que no pueden desplazarse a su centro de trabajo son todos los del sector público y privado, con excepción de los que desempeñan actividades esenciales. Entre estas figuran las incluidas en el decreto del estado de alarma: comercios de alimentación y bienes de primera necesidad, farmacias, médicos, gasolineras, estancos y comercio por Internet, entre otros. Además, se añaden como servicios esenciales (y cuyos trabajadores por tanto pueden ir a trabajar) los relacionados con la producción de bienes y servicios de primera necesidad, la entrega a domicilio de restaurantes, las actividades de bienes y material sanitario, el transporte, el cuidado de personas dependientes y los medios de comunicación, entre otros.

 

– Seguro a la exportación.

 

Se establece una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas exportadoras. Se aplicará a los créditos de circulante y hay que acreditar que la empresa se enfrenta a un problema de liquidez o a dificultades de financiación por la crisis del Covid-19.

 

 

– Blindaje a las empresas del IBEX.

 

El Gobierno blinda a las firmas del IBEX de inversores extranjeros oportunistas por las caídas en bolsa. Para eso ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos. A partir de ahora, deberán ser sometidas a autorización previa todas las inversiones de fuera de la Unión Europea que alcancen o superen el 10 % del capital de los sectores empresariales considerados estratégicos. Los sectores afectados son, entre otros, los de infraestructuras críticas (energía, transporte, sanidad, comunicaciones, defensa, etc.), tecnología y medios de comunicación.  Las restricciones afectan también a las inversiones realizadas por residentes en la Unión Europea que estén controlados por inversores de fuera.

 

– Financiación para el sector turismo.

 

Se ha aprobado una línea de financiación del ICO de más de 400 millones para las empresas turísticas, con una garantía parcial del 50% del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Además, para las empresas turísticas (incluidas las de comercio y hotelería vinculadas al sector) se han ampliado las bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos para los contratos de febrero a junio.

– Ayudas de la UE.

 

Para contrarrestar el impacto económico del coronavirus, la Comisión Europea ha puesto en marcha un fondo de 25.000 millones, de los cuales 7.500 millones se van a liberar inmediatamente. Buena parte de ese fondo se dedicará a ayudar a las pymes. Además, se han flexibilizado hasta el 24 de octubre los derechos de uso de despegue y aterrizaje (slots) de las aerolíneas con el fin de que las empresas de transporte aéreo puedan gestionarlos sin miedo a perderlos.

En paralelo, el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido comprar bonos de deuda de Estados y de empresas por un valor adicional de 120.000 millones hasta finales de año. Hasta ahora, lo venía haciendo a un ritmo de 20.000 millones mensuales. Al mismo tiempo, el BCE ha aprobado una línea de crédito masiva y barata para los bancos con el propósito de facilitar la financiación a las pymes y le permitirá a los bancos eludir de forma temporal los requisitos regulatorios de capital y liquidez.  Fuente: Bankia